La campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella fue víctima de un acto de violencia política, luego de que un vehículo con publicidad de su movimiento fuera interceptado e incinerado en una zona rural entre Norte de Santander y Arauca. El ataque, ocurrido en la madrugada del 14 de octubre, no dejó heridos, pero encendió las alarmas sobre los riesgos de seguridad en el inicio de la contienda electoral para 2026. El vehículo, un Chevrolet Spark, transportaba al coordinador de la campaña en Arauca, Juan Carlos Santamaría, y a su equipo, quienes se dirigían a continuar con la recolección de firmas para la candidatura de De la Espriella. Según el relato de Santamaría, hombres armados en motocicletas los interceptaron en la vía, los obligaron a descender del automóvil y luego le prendieron fuego. El movimiento Defensores de la Patria, liderado por De la Espriella, calificó el hecho como un "acto de evidente intimidación política y violencia injustificable" y exigió a las autoridades una investigación rigurosa. El precandidato, por su parte, afirmó: “Enfrentaremos el terror venga de donde venga, no nos arredramos”. El atentado generó un amplio rechazo en el espectro político.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su solidaridad y demandó “toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”.
La senadora María Fernanda Cabal también condenó el "lamentable hecho terrorista" y reclamó garantías al Gobierno Nacional.
Aunque las autoridades aún no han identificado a los responsables, en la zona operan el ELN y disidencias de las FARC. El propio ELN, a través de un comunicado, negó su responsabilidad y atribuyó el hecho a una "estrategia de campaña desesperada, basada en autoatentados" por parte de De la Espriella para victimizarse.
En resumenUn vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella fue incinerado en un ataque armado entre Norte de Santander y Arauca, lo que ha sido calificado como un acto de intimidación política. El hecho generó un amplio rechazo de figuras de la oposición, quienes exigen garantías de seguridad para el ejercicio político, mientras el ELN negó su autoría y acusó al candidato de un autoatentado.
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