La designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud ha desatado una fuerte controversia política tras confirmarse que no cumplió con un requisito fundamental para obtener su título profesional. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) certificó que Guerrero no presentó los exámenes de Estado Saber Pro ni Saber TyT, pruebas obligatorias por ley para graduarse de un programa de educación superior en Colombia. La polémica fue impulsada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien denunció las irregularidades y solicitó la información oficial al Icfes. Tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó a la entidad entregar los datos, se emitió una certificación el 1 de junio de 2023 que confirma que "no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (...) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior – Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica – Saber TyT". El documento aclara, sin embargo, que existe una inscripción vigente para presentar la prueba el 9 de noviembre de 2025.
Como consecuencia, la Fundación Universitaria San José, donde Guerrero estudió Contaduría Pública, anunció que anulará su título por no cumplir con los requisitos legales y ya destituyó al secretario general y a su equipo por la expedición irregular del diploma.
La propia Guerrero afirmó que presentará las pruebas en noviembre para "saldar cualquier duda". El caso ha generado un debate sobre la idoneidad de los nombramientos en el Gobierno y la rigurosidad en la verificación de las hojas de vida de altos funcionarios. La congresista Pedraza cuestionó al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, por insistir en que Guerrero podría ser viceministra a pesar de las irregularidades, calificando la situación como un acto de "corrupción" y "fraude".
En resumenLa confirmación por parte del Icfes de que Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud, no presentó las pruebas Saber Pro/TyT ha generado un escándalo político. La situación llevó a la universidad a anular su título y ha puesto en tela de juicio los procesos de nombramiento del Gobierno, mientras la funcionaria se prepara para presentar los exámenes para regularizar su situación académica.