El presidente Gustavo Petro reaccionó acusando a la CRC de ser "uribista" y de intentar censurarlo. Ante la presión, la CRC se retractó, asegurando que la solicitud era de carácter "informativo y analítico", que la participación era "voluntaria" y que no buscaba sancionar. Este episodio evidencia un significativo choque de poder entre un ente regulador, el gobierno, los medios de comunicación y los organismos de control, poniendo de manifiesto la delicada balanza entre la regulación y el derecho fundamental a la libertad de prensa en el actual clima político.