El alto tribunal determinó que el hoy ministro no cumplía con requisitos legales clave: no acreditó el dominio de un segundo idioma ni presentó un título de posgrado o una experiencia profesional equivalente. Esta decisión ratifica un fallo previo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pone en tela de juicio la legalidad de su nombramiento diplomático. Paralelamente, ha surgido una polémica por una deuda de 3.600 millones de pesos con el contratista Euclides Torres, la cual Benedetti admitió ante la Corte Suprema pero no declaró en sus reportes de patrimonio.

El ministro argumenta que el préstamo fue hecho a su esposa, Adelina Guerrero, quien sí lo reportó.

Sin embargo, los críticos señalan un posible conflicto de interés, dado que Benedetti ha nombrado a personas vinculadas a Torres en cargos gubernamentales.

A esto se suman las graves acusaciones del exsenador Álvaro Ashton ante la JEP, quien señaló a Benedetti de haber promovido artículos en la Ley de Justicia y Paz que beneficiaban a las AUC durante su etapa como congresista. Estas revelaciones han sido remitidas a la Corte Suprema para su investigación, añadiendo una nueva capa de escrutinio sobre el pasado político del ministro.