El requerimiento incluía la entrega de “soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales”. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó la solicitud como una “amenaza a la libertad de prensa” y una “forma de censura indirecta”. Sofía Jaramillo, directora de la FLIP, argumentó que pedir estas actas “puede generar bastante desconfianza, inhibir la deliberación interna que hay en los medios de comunicación y afectar su independencia”. El presidente Gustavo Petro reaccionó vinculando la acción de la CRC con el reciente fallo del Consejo de Estado que limitó sus alocuciones. Petro afirmó que la CRC actúa “de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme”, sugiriendo que la medida no solo lo afectaría a él, “sino a toda la prensa que use el espectro electromagnético”. Ante la polémica, la CRC se retractó, asegurando que la solicitud era voluntaria y su intención era conocer “buenas prácticas” para un estudio, no investigar ni sancionar. La comisionada Andrea Muñoz aclaró que la recopilación de información será voluntaria y no obligatoria, y que la entidad emitirá notas aclaratorias.