La relación entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras los disturbios en una marcha pro-Palestina. El conflicto evidencia una profunda división sobre el manejo del orden público, el derecho a la protesta y la autonomía regional, escalando a acusaciones de “fascismo” y de intentos de desestabilización política. La controversia estalló después de que el presidente Petro ordenara a la policía “disolver los grupos de acción directa de la Alcaldía”, refiriéndose a los gestores de seguridad que intervinieron en la manifestación, y anunciara una “misión internacional y veeduría de derechos humanos” en Medellín. Petro calificó a estos grupos como “milicias fascistas” y los acusó de ejercer violencia contra los manifestantes.
La respuesta de Gutiérrez fue contundente: “Petro, te tengo una noticia.
Medellín no caerá en tus garras. Medellín seguirá resistiendo”.
El alcalde acusó al presidente de promover el desorden y de intentar “incendiar el país” como estrategia política.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) respaldó a Gutiérrez, calificando la propuesta de una misión internacional como una “intromisión indebida e ilegal” que viola la autonomía territorial y la soberanía nacional.
El gremio de alcaldes advirtió que “pretender internacionalizar un procedimiento policivo ordinario desnaturaliza los principios del sistema interamericano de derechos humanos”. La Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín han iniciado indagaciones sobre la actuación de los gestores de seguridad, mientras la Procuraduría investiga al concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez por presuntamente amenazar a manifestantes con un bate.
En resumenEl enfrentamiento entre el presidente Petro y el alcalde Gutiérrez por el manejo de las protestas en Medellín ha escalado a una crisis institucional. Las acusaciones mutuas y la propuesta de una veeduría internacional reflejan una profunda fractura entre el poder central y las autoridades locales de oposición, con implicaciones para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos.