Ante esto, los precandidatos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho interpusieron una tutela, logrando una medida provisional que permitió la inscripción de los aspirantes. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó dicha medida, declarando la tutela improcedente y dejando la consulta en un limbo legal. A pesar de ello, la Registraduría, a través de su delegado Jaime Hernando Suárez, confirmó que el proceso sigue adelante.

El argumento es que la consulta fue solicitada por partidos con personería jurídica vigente (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista) y, por tanto, se realizará como una consulta “interpartidista”. Esta distinción técnica es crucial, ya que según expertos, el ganador de una consulta interpartidista podría estar legalmente obligado a ir directamente a la primera vuelta presidencial, sin poder participar en una consulta más amplia del “Frente Amplio” en marzo de 2026. La situación generó una crisis interna que requirió la intervención del presidente Gustavo Petro, quien, tras una reunión en la Casa de Nariño con los precandidatos Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, insistió en que la consulta debía realizarse. Los precandidatos ratificaron su participación, aunque persiste el debate sobre las implicaciones legales y el futuro de la unidad de la izquierda.