Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente una tutela que había permitido la inscripción de los precandidatos, dejando la consulta sin piso jurídico y provocando una enérgica reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó la decisión como un “sabotaje a la democracia” y un “golpe político premeditado”. Tras el fallo, Petro convocó a los tres aspirantes —Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho— a una reunión en la Casa de Nariño, donde acordaron mantener el proceso. Quintero declaró que “esta consulta tiene más vidas que un gato”, mientras Cepeda denunció intentos de la derecha por “introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al Pacto”. Finalmente, el registrador delegado Jaime Hernando Suárez anunció que la consulta seguía en pie, argumentando que “no se ha suspendido por ningún órgano judicial”. La Registraduría la enmarcó como una consulta interpartidista, solicitada por los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano, lo que le otorga un sustento legal distinto al de una consulta interna de un partido único, figura que el Pacto Histórico aún no ha consolidado legalmente. El ganador de esta contienda se medirá en una consulta más amplia del Frente Amplio en marzo de 2026.