El presidente detalló un plan de acción: primero, la conformación de un comité promotor ciudadano; segundo, la recolección de las firmas; y tercero, la presentación de un proyecto de ley de reglamento que sería aprobado por el “próximo Congreso de la República”, al que espera que lleguen liderazgos populares. Criticó al legislativo actual, afirmando que “ya se asustó hasta con la reforma de la salud”. La propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas. El precandidato Daniel Quintero apoya la idea para “resetear la política”, pero figuras de la oposición como el senador David Luna la califican como un “chiste” y una distracción ante la falta de ejecución del gobierno. Juristas como Rodrigo Uprimny han señalado que la convocatoria por firmas sin la aprobación mayoritaria del Congreso, como lo estipula el artículo 376 de la Constitución, sería inviable y violaría la Carta Magna. A pesar de la baja viabilidad jurídica, la insistencia de Petro en la Constituyente se ha convertido en un eje de su discurso en la recta final de su mandato, presentándola como una herramienta para superar el bloqueo institucional.