El Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo han presentado visiones contradictorias sobre el nivel de riesgo para las elecciones de 2026, generando un debate sobre la magnitud de la amenaza y la metodología para medirla. Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, identifica 104 municipios en riesgo, la Defensoría del Pueblo advierte sobre una situación más extendida, con 224 municipios que requieren acción “inmediata o urgente”. Tras una reunión con la cúpula militar, el ministro Benedetti aseguró que la principal preocupación del Gobierno se centra en “las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca”. Específicamente, mencionó regiones como el Catatumbo, el Cañón del Micay en Cauca, Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca.
Benedetti criticó duramente la metodología de la Defensoría, afirmando que sus mapas se basan en denuncias ciudadanas y no en la presencia real de grupos armados, lo que, a su juicio, distorsiona la realidad. “La Defensoría se equivoca mucho.
Parece que hubiera un interés. Yo a veces creo que es falta de conocimiento del país, más que maldad”, sentenció.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, presentó un panorama más alarmante. Su análisis identificó 62 municipios con “llamado a la acción inmediata” y 162 con “llamado a la acción urgente”, sumando 224 municipios (19,9 % del territorio nacional) con un alto nivel de riesgo. La defensora Iris Marín Ortiz aclaró que la alerta “no es un llamado al miedo, es un llamado a la acción” y que los riesgos no implican la imposibilidad de realizar elecciones, sino que buscan orientar a las autoridades para garantizar un proceso libre y seguro.
En resumenLa discrepancia entre el Gobierno, que focaliza el riesgo electoral en 104 municipios cocaleros, y la Defensoría del Pueblo, que alerta sobre 224 municipios, evidencia una profunda diferencia en la evaluación de la seguridad democrática del país. Mientras el ministro Benedetti acusa a la Defensoría de imprecisión, el debate subraya la urgencia de coordinar estrategias efectivas para proteger las elecciones de 2026 de la interferencia de grupos armados.