Esta decisión judicial reabre un capítulo sensible del conflicto armado y genera una fuerte reacción del exmandatario, quien la califica como una persecución política. La orden, emitida por la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Marcela Castro, se desprende de la sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba. La compulsa de copias se fundamenta en testimonios que vinculan a los hermanos Uribe con una supuesta reunión en 1997 en la finca “La Marranera”, donde se habría planeado la eliminación de los abogados Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza. Uno de los testimonios clave es el del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, quien aseguró que en dicho encuentro participaron comandantes paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y los hermanos Uribe, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.

La jueza argumentó que las pruebas revelan una estructura organizada con “capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento”, integrada por “actores estatales y operadores ideológicos”. El expresidente Uribe reaccionó con dureza a través de su cuenta en X, calificando la medida como “una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”. Sostuvo que existe una “rabia política” en los fallos en su contra y que la declaración que motiva la investigación es “mentirosa”. Esta nueva indagación se suma al proceso que ya enfrenta por fraude procesal y soborno a testigos, reactivando el debate sobre la responsabilidad de altos mandos en crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia.