La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la precandidata presidencial Vicky Dávila ha escalado a un nuevo nivel, pasando de la crítica política a la amenaza de acciones judiciales por sedición. Este enfrentamiento personaliza la polarización del país y pone a prueba los límites entre la libertad de expresión, la oposición política y las conductas que podrían atentar contra el orden constitucional. La polémica se desató cuando Dávila, durante un acto de campaña en Sabaneta (Antioquia) y utilizando un megáfono, instó a los militares y policías a desobedecer una orden de Petro de articular fuerzas con Venezuela.
“¡No obedezcan a Petro! ¡Obedezcan a la Constitución!”, exclamó la precandidata.
La acción fue una parodia del propio Petro, quien días antes en Nueva York había hecho un llamado similar a los soldados estadounidenses respecto a Donald Trump.
En respuesta, el presidente ordenó a las oficinas jurídicas del Gobierno iniciar denuncias por sedición contra los candidatos que inciten a la desobediencia.
Petro argumentó que, mientras su llamado en EE.
UU. fue para evitar crímenes contra la humanidad, el de Dávila es un “crimen contra la Constitución”.
La precandidata respondió desafiante: “Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo.
No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera”.
El Ministerio de Defensa emitió un comunicado recordando que “la Fuerza Pública no es deliberante” y está bajo el mando del Presidente, buscando poner distancia institucional en medio de la disputa política.
En resumenEl enfrentamiento directo entre Gustavo Petro y Vicky Dávila, con acusaciones de sedición, ilustra el grado extremo de polarización en Colombia, donde el debate político se ha trasladado al terreno de las amenazas judiciales, difuminando las fronteras entre la oposición legítima y la presunta incitación a la insubordinación.