Diversos escándalos de corrupción han golpeado la credibilidad del autodenominado “gobierno del cambio”, involucrando a altos funcionarios y al círculo familiar del presidente Gustavo Petro. Los casos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos por presunta financiación irregular de la campaña presidencial han generado una severa crisis de confianza y una intensa batalla política. El escándalo de la UNGRD ha implicado a figuras clave como el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, actualmente prófugo con una circular roja de Interpol en su contra, y a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes se encuentran en prisión.
Las investigaciones apuntan a un presunto desvío de recursos para favorecer la aprobación de reformas gubernamentales. Por otro lado, el caso contra Nicolás Petro, hijo del presidente, ha avanzado a etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro ha sostenido que la Fiscalía usó su caso como un “instrumento político” y acusó al exfiscal Francisco Barbosa de intentar extorsionar a su padre, ofreciendo frenar el proceso a cambio de mantener a Martha Mancera en la Fiscalía. Estos hechos motivaron la reactivación de la investigación contra el propio presidente Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que había estado pausada por cinco meses, para indagar la presunta financiación ilegal de su campaña en 2022.
En resumenLos escándalos de corrupción en la UNGRD y el caso de Nicolás Petro se han convertido en un lastre para el gobierno, erosionando su bandera de transparencia y proporcionando a la oposición argumentos para cuestionar la legitimidad y la coherencia del proyecto político del presidente.