El gobierno de Gustavo Petro ejecutó un giro drástico en la política exterior de Colombia hacia Israel, ordenando la expulsión de toda la delegación diplomática y anunciando la denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países. La decisión, calificada por el mandatario como una respuesta a un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”, fue detonada por la detención de dos activistas colombianas, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes participaban en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza. Este movimiento representa la culminación de una serie de tensiones, ya que Petro había roto relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en protesta por la guerra en Gaza. El Ministerio de Comercio ya inició formalmente el trámite para terminar el acuerdo comercial, un proceso que, según la normativa, tardaría seis meses en hacerse efectivo.
La medida ha sido recibida con reacciones polarizadas.
El grupo Hamás emitió un comunicado respaldando la decisión del presidente colombiano.
Por el contrario, el partido de oposición Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra Petro, argumentando que la medida “amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones” y afecta derechos colectivos de los colombianos. La expulsión de la delegación diplomática y la terminación del TLC consolidan a Colombia como uno de los críticos más firmes de la política israelí en la región, pero también generan incertidumbre sobre las consecuencias económicas y de cooperación en seguridad e inteligencia.
En resumenLa drástica decisión del presidente Petro de expulsar a la delegación israelí y denunciar el TLC marca un punto de inflexión en la política exterior colombiana, priorizando una postura de principios sobre el conflicto en Gaza por encima de la histórica alianza estratégica y comercial con Israel.