El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio ha conmocionado la política colombiana, marcando el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas y reavivando los temores de violencia electoral. Mientras las investigaciones judiciales avanzan con la vinculación de múltiples implicados, el crimen ha dejado un profundo impacto en el Centro Democrático y en el panorama de la oposición de cara a las elecciones de 2026. La Fiscalía General de la Nación ha radicado escritos de acusación contra varios presuntos responsables, entre ellos Carlos Eduardo Mora González, alias ‘El Veneco’, señalado de cumplir un rol logístico clave en la planeación del ataque, como facilitar el vehículo y el arma utilizada por el menor que ejecutó los disparos. En total, siete personas han sido capturadas y el menor autor material fue sancionado a siete años de privación de la libertad. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y no descarta la participación de la disidencia ‘Segunda Marquetalia’.
El impacto político ha sido significativo.
Uribe Turbay se perfilaba como una de las figuras más fuertes del Centro Democrático.
Tras su muerte, su padre, Miguel Uribe Londoño, fue proclamado precandidato por el partido, en un relevo simbólico para mantener la continuidad de su legado. El suceso ha sido un tema central en los discursos de la oposición, que lo utiliza como una “señal de alerta” sobre los desafíos de seguridad que enfrenta el país.
En resumenEl magnicidio de Miguel Uribe Turbay no solo ha desencadenado un complejo proceso judicial para encontrar a los autores materiales e intelectuales, sino que también ha reconfigurado el liderazgo en la oposición y ha posicionado la seguridad de los candidatos como un tema crítico para la democracia colombiana.