Las manifestaciones en favor de Palestina, respaldadas por el presidente Gustavo Petro, han derivado en actos de vandalismo contra sedes de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Bogotá, Medellín y Cali, generando un fuerte rechazo del sector gremial y un tenso debate sobre los límites de la protesta social. Las jornadas, que iniciaron como plantones pacíficos, terminaron en episodios de violencia que afectaron el orden público. En Bogotá, encapuchados atacaron un CAI de la Policía y vandalizaron establecimientos comerciales, mientras que en Medellín manifestantes arrojaron pintura contra las instalaciones de la ANDI. Estas acciones fueron motivadas por señalamientos de la “Comisión Colombia en el Movimiento Global a Palestina” que acusan a la agremiación de ser una “red comercial de Israel en Colombia”. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, rechazó las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y una “instrumentalización” para profundizar la polarización. “Decidieron que el enemigo respecto de Palestina es la Andi.
¡Qué absurdo!”, afirmó, y señaló que no ha recibido respaldo del Gobierno nacional.
El Consejo Gremial Nacional y Asocapitales también condenaron los hechos.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió al presidente Petro un pronunciamiento claro. “Es importante que el presidente y el Gobierno nos digan claramente al país y a Bogotá: ¿están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia?”, cuestionó Galán. La polémica se intensificó tras la denuncia del concejal Daniel Briceño, quien reveló que uno de los convocantes de la marcha, Juan Camilo Villalobos, es contratista de la Presidencia de la República, lo que generó dudas sobre la espontaneidad de las protestas.
En resumenLos ataques vandálicos contra la ANDI durante protestas pro-Palestina han exacerbado la tensión entre el Gobierno, que apoya las movilizaciones, y el sector privado, que exige seguridad. La controversia, alimentada por la presunta implicación de un contratista del Estado, refleja la peligrosa importación de conflictos internacionales al debate nacional y pone a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar tanto el derecho a la protesta como el orden público.
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