Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales.

Este proceso disciplinario podría resultar en una inhabilidad de hasta 20 años para ocupar cargos públicos. Paralelamente, en el ámbito penal, la Fiscalía se preparaba para imputarle tres nuevos delitos (tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público), aunque la audiencia fue aplazada a solicitud de su defensa para después del 8 de noviembre de 2025. Estos nuevos cargos se relacionan con presuntas gestiones irregulares en contratos de la Gobernación del Atlántico con la Fundación Conciencia Social, ligada a Day Vásquez. La defensa de Nicolás Petro ha solicitado a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, replantear la permanencia de la fiscal del caso, Lucy Laborde, argumentando falta de garantías.