La controversia se originó tras la participación del presidente Petro en una manifestación en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a "desobedecer órdenes" del presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado de EE.

UU. calificó estas acciones como "imprudentes e incendiarias", procediendo a revocar el visado del mandatario. La medida se extendió a otros funcionarios que lo acompañaron, como el ministro de Minas, Edwin Palma, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián. En respuesta, se produjo una cascada de renuncias voluntarias a la visa en señal de respaldo, encabezada por la canciller Rosa Villavicencio, quien lo describió como "un acto de dignidad", seguida por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, incluso propuso que todo el gabinete renunciara a sus visas.

El presidente Petro reaccionó con desafío, afirmando: "Nos llena de orgullo no tener la visa de un país cuyo gobierno apoya un genocidio". La oposición ha criticado duramente la situación; el expresidente Iván Duque la calificó como una "vergüenza diplomática", mientras que el expresidente César Gaviria señaló que revela "el aislamiento internacional al que Petro conduce al país". Sectores empresariales y gremiales como AmCham Colombia han advertido sobre los riesgos para la economía y la inversión, dado que la mayoría de los organismos financieros y socios comerciales se encuentran en Estados Unidos.