El Senado de la República aprobó en segundo debate un proyecto de ley clave del Gobierno Nacional que modifica la Ley 30 de 1992 para transformar el modelo de financiación de las universidades públicas. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, busca cerrar una brecha histórica de desfinanciamiento y garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior estatal. El cambio fundamental de la reforma consiste en modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Con la nueva norma, los incrementos anuales al presupuesto de las universidades públicas ya no estarán ligados únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino al nuevo Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado por el DANE que refleja de manera más precisa los gastos del sector en salarios, servicios e insumos académicos. Adicionalmente, el proyecto establece que los aportes adicionales de la Nación estarán vinculados al crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduciría en un aumento sostenido de los recursos. El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que la reforma busca cerrar una brecha de desfinanciamiento calculada en 18 billones de pesos y que, a mediano plazo, se destinará el 1% del PIB al sector.
La iniciativa también incluye a 34 instituciones técnicas y tecnológicas que hasta ahora no contaban con base presupuestal.
El Sistema Universitario Estatal (SUE), presidido por el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, celebró el avance, calificándolo como “un clamor y una necesidad” del sistema educativo en la última década.
En resumenLa aprobación en el Senado de la reforma a la Ley 30 marca un hito para la educación superior pública en Colombia, al establecer un nuevo modelo de financiación más acorde con los costos reales del sector. Este avance legislativo promete mayor estabilidad presupuestal para las universidades y busca corregir un déficit histórico, quedando ahora en manos de la Cámara de Representantes su aprobación final.