El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la medida, afirmando que quienes la critican “le tienen miedo a la verdad”. Sin embargo, la decisión ha sido rechazada por organizaciones de víctimas, que la consideran una afrenta y un posible camino hacia la impunidad. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, calificó a los nombrados como “los 16 peores criminales de nuestro país”. La senadora de oposición María Fernanda Cabal anunció una demanda contra la resolución.

El decreto aclara que el nombramiento no modifica la situación jurídica de los excomandantes ni les concede beneficios judiciales o excarcelaciones, aunque sí autoriza a las autoridades a facilitar su participación en los procesos de paz.