Sin embargo, ha generado un profundo malestar entre las víctimas del conflicto. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, calificó la decisión como un “sinsabor”, argumentando que se trata de “los 16 peores criminales de nuestro país” y que el nombramiento parece un “premio” para los victimarios mientras las víctimas siguen sin reparación. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la medida, asegurando que busca que los excombatientes ayuden a “reconstruir el tejido social, reparen a las víctimas y contribuyan a la verdad judicial”. Benedetti acusó a quienes critican la resolución de tener “temor a la verdad”. La exministra Ángela María Buitrago también cuestionó la legalidad de la medida, señalando que está “por fuera del rango de la ley 2272” (ley de paz total).