El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha escalado a una crisis institucional que evidencia una profunda tensión entre el poder ejecutivo y la Fiscalía. La controversia se intensificó luego de que la fiscal del caso, Lucy Laborde, denunciara “presiones indebidas” y cuestionara la designación “inconsulta” de una fiscal de apoyo, María Isabel Ramírez, en momentos clave de la investigación. En una carta dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, Laborde afirmó no requerir “apoyo, asesoría ni orientación”, sugiriendo que la medida afectaba su autonomía. Como respuesta, la fiscal general Camargo retiró a la fiscal de apoyo para “garantizar la transparencia y la autonomía del proceso judicial”. El presidente Gustavo Petro intervino directamente, acusando a la fiscal Laborde de falta de independencia y de estar “subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición”. Según el mandatario, Laborde habría filtrado información reservada a la precandidata presidencial Vicky Dávila horas antes de proceder con nuevas imputaciones, convirtiendo el caso en un “festín de la oposición”.
Petro afirmó: “Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe.
Quieren condenarlo porque desean condenarme”.
La defensa de Daysuris Vásquez, a través de su abogado Alait Freja, también expresó preocupación, sugiriendo que las maniobras dentro de la Fiscalía podrían apuntar a un “favorecimiento” hacia Nicolás Petro. Este cruce de acusaciones se da en un contexto sensible, con una audiencia de imputación por tráfico de influencias programada para el 1 de octubre, donde se podría solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario.
En resumenEl caso contra Nicolás Petro ha trascendido lo judicial para convertirse en un campo de batalla político. Las denuncias de la fiscal a cargo sobre presiones internas, sumadas a las acusaciones del presidente Petro de una conspiración opositora, revelan una crisis de confianza en la independencia de la justicia y exponen la fragilidad de la separación de poderes en un caso de alto impacto nacional.
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