La sentencia establece que los excomandantes, incluyendo a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, deberán cumplir con proyectos restaurativos en cuatro líneas: memoria y reparación simbólica, búsqueda de desaparecidos, medio ambiente y desminado humanitario.

Estas actividades se realizarán con restricciones de movilidad y monitoreo electrónico.

El expresidente Juan Manuel Santos respaldó el fallo, calificándolo como el “sapo que tenemos que tragarnos para alcanzar la paz” y reconociendo la frustración de las víctimas por las sanciones “débiles”. Por el contrario, víctimas como la familia del exgobernador Guillermo Gaviria calificaron la sentencia como “aberrante”, argumentando que se burla de su dolor al permitir que los condenados hagan campaña política con actos de reparación financiados por el Estado. La senadora María Fernanda Cabal anunció que acompañará a las víctimas ante la justicia internacional. La decisión de la JEP marca un precedente en la justicia transicional colombiana, pero la falta de penas privativas de la libertad evidencia la brecha entre la justicia restaurativa pactada en el Acuerdo de Paz y las expectativas de justicia punitiva de un amplio sector de la sociedad.