La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero, junto con nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares. La acusación formal los vincula a un proceso por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con el predio 'Aguas Vivas'. El caso se centra en la presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para beneficiar a los propietarios de un lote de 147.000 metros cuadrados. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2023, los implicados habrían intentado cambiar la cesión gratuita del terreno a una compraventa, buscando pagar más de 40.500 millones de pesos por un predio cuyo avalúo inicial era de 2.700 millones.
El ente acusador sostiene que, tras fracasar en ese intento, el exalcalde expidió actos administrativos irregulares para aumentar el avalúo del terreno y permitir su desarrollo urbanístico, contraviniendo las normas del POT.
Daniel Quintero ha rechazado las acusaciones, calificándolas como un “montaje judicial” y una “persecución política” orquestada por el actual alcalde Federico Gutiérrez para sacarlo de la contienda presidencial. La acusación formal por parte de la Fiscalía marca un punto crítico en la carrera política de Quintero, quien compite en la consulta interna del Pacto Histórico, y genera tensiones dentro de la coalición de gobierno, donde figuras como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad han expresado preocupación por su participación.
En resumenEl llamado a juicio del exalcalde Daniel Quintero por presunta corrupción en el caso 'Aguas Vivas' intensifica el escrutinio sobre su gestión y añade una variable judicial a su precandidatura presidencial. Mientras Quintero alega persecución política, la acusación de la Fiscalía podría impactar significativamente las dinámicas internas del Pacto Histórico y el panorama electoral de 2026.