La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia histórica contra siete exintegrantes del último secretariado de las FARC-EP, declarándolos máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas. Este fallo representa un hito en la justicia transicional colombiana, al ser la primera vez que la cúpula de la exguerrilla es condenada judicialmente. Los sancionados, entre quienes se encuentran Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, recibieron la máxima Sanción Propia de ocho años, que no implica cárcel pero sí restricciones efectivas de libertad y la obligación de realizar trabajos restaurativos. Estos trabajos incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ambiental y actos de memoria. La sentencia subraya que el secuestro fue una política criminal con fines de financiación, canje de prisioneros y control territorial.
La decisión ha generado un amplio debate. El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del Acuerdo de Paz, la calificó como un “hito histórico” pero reconoció que para muchos es un “sapo que tenemos que tragarnos”, entendiendo la frustración por la ausencia de penas carcelarias. Víctimas como Ingrid Betancourt y el sargento César Augusto Lasso la consideraron una “burla” y una forma de impunidad. Por otro lado, Humberto de la Calle, exjefe negociador, destacó que la aceptación de las sanciones por parte de los excomandantes es un “hecho inédito en el mundo”. A pesar de la condena, los exjefes de las FARC que ocupan curules en el Congreso podrán seguir participando en política, aunque deberán compatibilizar sus funciones con el estricto cumplimiento de las sanciones, que serán monitoreadas por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU.
En resumenLa JEP condenó a siete exjefes de las FARC a ocho años de sanciones restaurativas por más de 21.000 secuestros, un fallo histórico que, si bien no impone cárcel, establece su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La decisión ha generado reacciones divididas entre el reconocimiento del avance en justicia transicional y la crítica de las víctimas por la percepción de impunidad.