Crisis en el Ministerio de la Igualdad: renuncia y nombramiento de Juan Carlos Florián en medio de polémica por Ley de Cuotas

El Ministerio de la Igualdad atraviesa una crisis de liderazgo y legitimidad tras la renuncia y posterior repostulación de Juan Carlos Florián como ministro, en una serie de eventos que han sido calificados como una “jugadita” del gobierno para eludir un fallo judicial. La controversia se centra en el cumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige una participación femenina de al menos el 50% en los altos cargos del gabinete. El nombramiento inicial de Florián fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que con su llegada el gabinete quedaba con 10 hombres y 9 mujeres. Tras la suspensión, Florián presentó su renuncia el 15 de septiembre, la cual fue aceptada por el presidente Gustavo Petro dos días después, designando a Angie Rodríguez como ministra encargada. Sin embargo, horas después de oficializarse su salida, la hoja de vida de Florián fue nuevamente publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia. Esta maniobra coincidió con el nombramiento de Yeimi Carina Murcia como nueva ministra de las TIC, lo que restableció la paridad de género en el gabinete (10 mujeres y 10 hombres), despejando así el obstáculo legal para el regreso de Florián. El presidente Petro defendió a Florián, calificando la decisión judicial de “homofóbica” y argumentando que la paridad se mantenía, ya que Florián se identifica como de género fluido, aunque en su hoja de vida oficial marcó la casilla de género masculino. La situación ha generado fuertes críticas de congresistas como Catherine Juvinao, quien anunció acciones penales por presunto fraude a resolución judicial.

En resumen

La breve renuncia y rápida repostulación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad evidencia una maniobra del Gobierno para cumplir con la Ley de Cuotas tras un fallo judicial adverso. Este episodio ha desatado una fuerte polémica sobre la instrumentalización de la identidad de género y el respeto a las decisiones judiciales, agudizando la crisis de una cartera clave para el Ejecutivo.

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