Consejo de Estado ordena a Petro retractarse por señalamientos contra la ANDI

El Consejo de Estado emitió un fallo de tutela que ordena al presidente Gustavo Petro eliminar una publicación en la red social X y retractarse públicamente de sus señalamientos contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y su presidente, Bruce Mac Master. Esta decisión judicial establece un precedente sobre los límites de la libertad de expresión del primer mandatario y la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra. El conflicto se originó por un mensaje del 19 de marzo de 2025, en el cual el presidente Petro acusó a la ANDI y a Mac Master de querer “destruir el gobierno por literal odio étnico” y de “defender el esclavismo”. La ANDI interpuso una acción de tutela que, aunque fue negada en primera instancia, fue revocada por el alto tribunal. La orden judicial es precisa: el presidente tiene un plazo de 48 horas para retirar el trino, realizar una retractación pública por el mismo medio y mantenerla visible por al menos diez días. El Consejo de Estado determinó que las afirmaciones del mandatario “incorporaron afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política”. El fallo subraya que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, especialmente para un jefe de Estado, cuyo discurso tiene un “poder desproporcionado”. Tras conocer la decisión, Bruce Mac Master celebró el fallo y destacó la importancia de cuidar el lenguaje en el debate público: “La palabra hay que cuidarla porque además puede producir mucho daño. El mal uso de la palabra produce violencias y afecta la armonía en la discrepancia”. Este episodio tensiona aún más las relaciones entre el Ejecutivo y los gremios empresariales, y abre un debate sobre la responsabilidad del discurso político en redes sociales.

En resumen

La decisión del Consejo de Estado obliga al presidente Petro a retractarse por acusaciones sin sustento contra la ANDI, sentando un precedente sobre los límites de la libertad de expresión para altos funcionarios. El fallo subraya la protección del derecho al buen nombre y la honra, y abre un debate sobre la responsabilidad del discurso político en redes sociales, tensionando la relación entre el Ejecutivo y los gremios empresariales.

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