Este bloqueo ha generado una fuerte tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial. El presidente Petro ha criticado al magistrado Ibáñez, acusándolo de querer “volver doctrina algo que acabaría con media legislación” y de dilatar el proceso. En la misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que Ibáñez está “acosando a 3 millones de viejitos en Colombia” al frenar la reforma. La demora en la entrega de las actas no solo retrasa una decisión sobre la constitucionalidad de la ley, sino que también pospone la entrada en vigor de un nuevo sistema pensional que afectará a millones de colombianos.