Los sancionados, entre quienes se encuentran Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) y los actuales senadores Pablo Catatumbo y Julián Gallo, deberán cumplir su condena participando en proyectos de búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, recuperación ambiental y reparación simbólica.

Aunque estarán sujetos a restricciones de movilidad y monitoreo electrónico, la JEP ratificó que podrán continuar ejerciendo sus derechos políticos, una disposición contemplada en el Acuerdo de Paz. El magistrado Camilo Suárez, ponente del fallo, destacó que es un hecho sin precedentes que “los máximos responsables de una organización armada hayan reconocido públicamente sus crímenes”. En la misma línea, el exjefe negociador Humberto de la Calle calificó la aceptación de las sanciones por parte de los excomandantes como un “hecho inédito en el mundo”. Sin embargo, la naturaleza no carcelaria de la pena generó un profundo rechazo entre algunas víctimas. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo más de seis años secuestrada, calificó la decisión como “una burla” y una consolidación de la impunidad. “Desafortunadamente, esto es todo menos justicia”, afirmó, reflejando el sentir de un sector de la sociedad que esperaba penas más severas. El fallo de la JEP materializa el modelo de justicia restaurativa pactado en La Habana, pero al mismo tiempo agudiza el debate sobre el equilibrio entre paz y justicia.