Según Washington, el gobierno colombiano “incumplió manifiestamente” sus obligaciones internacionales, y el fracaso recae “únicamente en su liderazgo político”.

La reacción del presidente Petro fue inmediata y enérgica, calificando la medida como un “acto político” y una “mentira fáctica”. Petro sostuvo que el crecimiento de los cultivos de coca es una tendencia heredada de gobiernos anteriores y que la verdadera falla radica en la política de Estados Unidos, afirmando que la solución no es “glifosato tirado desde avionetas, sino disminución de la demanda de cocaína fundamentalmente en EE.

UU. y Europa”.

La decisión provocó un rechazo generalizado en el espectro político colombiano.

Once partidos, incluyendo Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, emitieron un comunicado conjunto rechazando las declaraciones de Petro contra Estados Unidos, afirmando que “no reflejan la postura del país”. Expresidentes como Iván Duque culparon a la política de “paz total” del gobierno, mientras que Ernesto Samper, quien enfrentó una descertificación en su mandato, la calificó como “ilegal, política y regresiva”, pero aseguró que “no es el fin del mundo”. Gremios como la ANDI y AmCham Colombia expresaron su preocupación por el posible impacto en la inversión y el comercio, pidiendo al Gobierno una hoja de ruta con metas claras para recuperar la confianza. A nivel local, alcaldes como Federico Gutiérrez de Medellín y Alejandro Eder de Cali también responsabilizaron al Gobierno Nacional, lo que generó una respuesta de Petro acusándolos de pertenecer a una “red de políticos de extrema derecha de Miami”.