La controversia fue encendida por el presidente Gustavo Petro, quien afirmó públicamente: “Yo soy el jefe del alcalde”, en referencia a Alejandro Eder de Cali, escalando las tensiones existentes con varios mandatarios locales. La declaración del presidente surgió como una reacción a dos eventos: primero, el agradecimiento del alcalde Eder al ministro de Defensa por el envío de vehículos blindados a Cali, omitiendo al presidente; y segundo, el viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Washington para dialogar sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, una gestión que Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, consideraron una “usurpación de funciones”. La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) respondió de manera contundente, emitiendo un comunicado para recordarle al Ejecutivo que, según la Constitución de 1991, “los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa dentro de sus territorios, y, por tanto, no tienen superior jerárquico”. La Federación citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ratifica este principio de autonomía. La respuesta de los alcaldes también fue firme. Federico Gutiérrez, de Medellín, declaró: “Mis jefes son los 2 millones 500 mil ciudadanos de Medellín”. Este enfrentamiento no es solo retórico, sino que refleja una pugna más profunda entre un modelo de gobernanza centralista, que Petro parece defender al autodenominarse “suprema autoridad administrativa”, y el espíritu descentralizador de la Constitución, que protege la independencia de los mandatarios elegidos por voto popular.