El proceso se origina por una denuncia interpuesta por Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. La denuncia fue admitida por la Comisión tras las afirmaciones del presidente Petro sobre la supuesta gestión de Germán Vargas Lleras en entidades como la Nueva EPS y la Cámara de Comercio de Bogotá. Este proceso se suma a otras investigaciones que ya cursan contra el mandatario en la misma célula legislativa, única competente para investigar a un presidente en ejercicio.

Entre las indagaciones previas se encuentran las relacionadas con presuntos topes electorales en su campaña de 2022 y una denuncia del excanciller Álvaro Leyva.

El auto de sustanciación designó como representantes investigadores a los congresistas Daniel Restrepo Carmona, Karyme Adriana Cotes Martínez y Juan Carlos Wills Ospina.

El trámite establece que Enrique Vargas Lleras deberá ratificar su denuncia en una diligencia formal, tras lo cual se notificará al presidente Petro.

La apertura de este proceso penal intensifica la confrontación entre el Gobierno y sectores de la oposición, particularmente con la familia Vargas Lleras, y añade presión sobre la Comisión de Acusación, que recientemente ha visto la llegada de dos congresistas afines al petrismo a su mesa directiva, María Eugenia Lopera y Gloria Arizabaleta.