Gobierno de Petro intensifica presión sobre Canal 1 y ordena nueva licitación

La tensión entre el Gobierno Nacional y el Canal 1 ha escalado tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el fin del contrato de concesión y la apertura de un nuevo proceso de licitación. Esta medida se produce en medio de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y ha sido calificada por el canal como una “persecución sistemática”. El presidente Gustavo Petro declaró a través de su cuenta de X que “llegó al final el contrato de Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, avivando una controversia que enfrenta al Ejecutivo con Plural Comunicaciones, actual operador del canal. La postura del Gobierno se fundamenta en una investigación de la SIC, dirigida por Cielo Rusinque, que indaga una presunta integración empresarial no informada entre Canal 1 y Caracol Radio. Según la SIC, espacios de la emisora habrían ocupado entre el 70 % y el 90 % de la parrilla del canal, configurando un control indirecto. Por su parte, Plural Comunicaciones sostiene que su contrato de concesión, firmado en 2017 por diez años, fue prorrogado automáticamente hasta 2037 bajo la Ley 1978 de 2019. En un comunicado, el concesionario rechazó las acciones de la SIC, calificándolas como un “grave atentado contra la libertad de prensa” y parte de un “patrón de hostigamiento reiterativo”. Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, fue más allá al afirmar: “Estamos en un momento en que se protegen a los delincuentes y a los corruptos y se persiguen a los que trabajan y hacen las cosas bien”.

Este conflicto abre un nuevo frente jurídico y político sobre la regulación del espectro electromagnético y la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación privados.

En resumen

El presidente Petro ha ordenado iniciar una nueva licitación para la concesión de Canal 1, argumentando la finalización del contrato, mientras el operador actual asegura su vigencia hasta 2037. La medida, respaldada por una investigación de la SIC, es vista por el canal como un acto de persecución que amenaza la libertad de prensa en el país.