La postulación de Álvaro Uribe Vélez, anunciada por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, representa una jugada estratégica de alto impacto para las elecciones legislativas de 2026. Al ubicarse en el simbólico puesto 25 de una lista cerrada, el partido busca movilizar a su base electoral con el objetivo de alcanzar al menos ese número de curules, una meta ambiciosa que superaría sus resultados de 2018, cuando obtuvieron 19 escaños.

Vallejo afirmó que la propuesta provino del propio exmandatario y que “para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil para Colombia”. La estrategia de lista cerrada, según el partido, busca fortalecer la unidad y optimizar la financiación de la campaña, mientras que la presencia de Uribe actuaría como un motor para arrastrar una votación importante.

Sin embargo, esta aspiración está supeditada a su situación judicial.

Uribe fue condenado en primera instancia a doce años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal, un fallo que está en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Mientras no exista una sentencia en firme, no estaría inhabilitado, pero una confirmación de la condena truncaría su candidatura. Este escenario convierte el proceso judicial en un factor determinante no solo para el futuro político de Uribe, sino para la estrategia electoral del uribismo, que ve en su líder la figura clave para recuperar la influencia perdida y consolidarse como la principal fuerza de oposición.