Según la investigación, estos convenios, destinados a beneficiar a poblaciones vulnerables, nunca se ejecutaron.

Nicolás Petro ha calificado el nuevo proceso como un “montaje judicial” y una persecución con fines electorales, denunciando que se enteró de la imputación a través de la prensa antes que por una notificación oficial. Su abogado, David Carranza, cuestionó la legalidad del proceso y señaló que la fiscal del caso, Lucy Laborde, estaría actuando bajo presión. Petro Burgos, por su parte, aseguró que seguirá compareciendo ante la justicia y que no tiene intenciones de fugarse, afirmando que su padre fue uno de los primeros en enterarse de la nueva imputación. Este nuevo capítulo se suma al juicio en curso por presuntamente recibir más de 1.000 millones de pesos de origen ilícito durante la campaña presidencial de 2022, dineros que, según admitió, utilizó para fines personales.