Según las declaraciones, Hernández habría ofrecido beneficios a cambio de testimonios falsos contra Barreras y su asesor, relacionados con un contrato del Canal del Congreso. Uno de los testigos clave, Kilian Torres Rojas, exempleado del canal, afirmó que el senador le prometió mantener su salario sin trabajar e incluso gestionarle asilo en otro país a cambio de su falso testimonio. Los testimonios de Torres, junto a los de Jhon Jairo Uribe Muñoz y Catherine Torres Rojas, motivaron al magistrado a ordenar la investigación por la posible comisión de delitos como soborno en actuación penal, hostigamiento y calumnia. El caso representa un giro significativo para Hernández, quien ha construido su carrera política como un abanderado de la lucha anticorrupción. Ahora, la Corte deberá determinar si existen pruebas suficientes para vincularlo formalmente a un proceso penal que podría tener serias consecuencias jurídicas y políticas, incluyendo la posible pérdida de su investidura.