Se alega que el consorcio compraba los equipos directamente a los fabricantes a precios bajos y los revendía a Air-e con sobrecostos superiores al 60%.

Por ejemplo, transformadores adquiridos por el consorcio a 7.8 millones de pesos eran vendidos a Air-e por 12.8 millones. En solo tres meses, los pagos al consorcio ascendieron a 23.000 millones de pesos, de los cuales más de 10.500 millones fueron para transformadores. El ministro Palma ha negado su responsabilidad, asegurando que él no autorizó dichas compras porque dejó el cargo el 4 de marzo de 2025. Sin embargo, se le señala por haber firmado el contrato marco con el consorcio que habilitó estas operaciones, el cual, según los informes, fijaba precios incluso más altos que los finalmente pagados por su sucesora.

La Procuraduría ha solicitado a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos toda la documentación del proceso para determinar si hubo un detrimento patrimonial.