Uribe defendió su gestión, recordando que en 2008 ordenó la desvinculación de 27 altos oficiales tras recibir informes sobre estas prácticas, aunque también afirmó que existen “muchas falsas denuncias” para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Además, denunció que algunos oficiales han manifestado recibir “presiones de la JEP para confesar delitos que no cometieron”. La propuesta de Uribe reabre el debate sobre el alcance de la JEP y la responsabilidad del Estado en uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, justo cuando la Misión de Verificación de la ONU se prepara para supervisar el cumplimiento de las primeras sanciones, que no se cumplirán en cárceles tradicionales sino a través de trabajos con contenido reparador.