ha provocado una crisis institucional sin precedentes, agudizando la tensión entre el Gobierno Nacional y los poderes locales. La visita, realizada sin la autorización del presidente Gustavo Petro, fue justificada por los mandatarios como una gestión necesaria para fortalecer la cooperación en seguridad y economía ante el riesgo de una descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. El Gobierno Nacional, a través del presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la acción como una “usurpación de funciones” y un “show político”. Benedetti anunció que denunciará a los alcaldes, argumentando que “ningún alcalde está facultado para representar o hablar en el extranjero en nombre del Estado”.

Según el ministro, al no estar sesionando los concejos, la autorización debía provenir del presidente. El presidente Petro fue más allá, afirmando que “alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente comete un delito”.

En contraste, los alcaldes defendieron su autonomía.

Federico Gutiérrez declaró desde Washington: “Estamos aquí pese a Petro, pese a las amenazas de Petro y su gobierno.

Nuestra responsabilidad como alcaldes es trabajar por nuestras ciudades y nuestra gente”.

Eder, por su parte, subrayó la importancia de las relaciones bilaterales para la economía y seguridad de Cali, donde operan más de 50 compañías estadounidenses.

La controversia se intensificó al revelarse que de los cinco alcaldes que planeaban el viaje, tres (Bogotá, Barranquilla y Cartagena) se retiraron, lo que evidencia fisuras en el bloque opositor. Este enfrentamiento pone de manifiesto un profundo debate sobre los límites de la autonomía territorial frente a la competencia exclusiva del presidente en la dirección de las relaciones internacionales, en un clima de alta polarización política.