La decisión del tribunal es definitiva y no admite recursos.
Mientras tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio también abrió una investigación formal contra la UNGRD por presuntas irregularidades en contratos por más de 86.000 millones de pesos, que habrían sido direccionados mediante un esquema fraudulento que afectó la libre competencia económica durante 2023 y 2024.