El proyecto propone aumentar la carga impositiva sobre la clase media y sectores productivos.

Entre las medidas más controvertidas se encuentra el incremento gradual del IVA a los combustibles, que según transportadores de Medellín podría elevar el pasaje de bus en 800 pesos. El presidente Petro defendió esta medida con la polémica afirmación de que “el pobre casi no usa gasolina”, argumento que fue refutado por diversos sectores que señalan la dependencia de la economía popular de este insumo. La reforma también contempla aumentar el impuesto de renta para ingresos superiores a 8 millones de pesos mensuales y gravar con IVA a licores, cigarrillos, vehículos híbridos y boletas de espectáculos. Exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo, Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo expresaron profundas preocupaciones, coincidiendo en que el proyecto no tiene viabilidad política y que el problema de fondo es un crecimiento desbordado del gasto público. Ocampo incluso pidió al Congreso “que no apruebe absolutamente nada” si no se propone un recorte de gastos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la reforma asegurando que se centra en los niveles de ingresos medios-altos y altos, y se mostró “abierto a conversar con el Congreso para hacer ajustes”, advirtiendo que de no aprobarse, sería necesario un recorte presupuestal de 26,3 billones de pesos.