Un viaje de cinco alcaldes de las principales ciudades de Colombia a Washington D.C. ha desatado una fuerte confrontación con el presidente Gustavo Petro, evidenciando una profunda división en la gestión de las relaciones internacionales y la lucha antidrogas. Los mandatarios de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena viajaron para reunirse con congresistas y funcionarios estadounidenses con el fin de evitar una posible descertificación de Colombia, medida que podría acarrear graves consecuencias económicas y de seguridad. El presidente Petro reaccionó de inmediato, afirmando que los alcaldes “no están autorizados para representar a Colombia” y que su actuación es inconstitucional. “Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, advirtió el mandatario desde Japón, elevando el tono del enfrentamiento.
La respuesta de los alcaldes fue contundente. Federico Gutiérrez, de Medellín, acusó a Petro de actuar “como un dictador” y aseguró: “No te tenemos que pedir permiso para trabajar por nuestras ciudades y por todos los colombianos.
Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado”.
Dumek Turbay, de Cartagena, aunque con un tono más moderado, defendió la autonomía de su ciudad para fortalecer lazos de cooperación. La Embajada de Colombia en Estados Unidos respaldó la postura del presidente, lamentando que los alcaldes “politicen un tema de fundamental importancia para el país, priorizando sus agendas de oposición”. Por su parte, gremios como la ANDI y Fenalco apoyaron la misión de los mandatarios, calificándola como un acto de “diplomacia ciudadana” necesario. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, canceló su participación por compromisos de agenda, pero aclaró que los alcaldes sí están facultados para adelantar gestiones internacionales en pro de sus ciudades.
En resumenEl viaje no autorizado de alcaldes a Washington para gestionar la certificación antidrogas generó un choque directo con el presidente Petro, quien los acusó de usurpar funciones. La disputa revela una fractura entre el poder central y los gobiernos locales en materia de política exterior y seguridad.