El nombramiento de Camargo se consolidó con 62 votos en el Senado, superando ampliamente los 41 votos obtenidos por María Patricia Balanta, la candidata que contaba con el respaldo explícito del Ejecutivo. La victoria de Camargo fue impulsada por un bloque sólido conformado por los partidos de oposición y sectores independientes, quienes enmarcaron la elección como una defensa del equilibrio de poderes frente a una supuesta intención del presidente de cooptar el alto tribunal. El propio Petro avivó la polarización al afirmar que la elección definiría el futuro de sus alianzas en el Congreso. La reacción del mandatario tras la derrota fue airada, calificando a los senadores de “mentirosos sucios” y acusándolos de devolver la justicia “al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto”. La elección de Camargo no estuvo exenta de controversia, ya que investigaciones periodísticas revelaron que durante su gestión en la Defensoría del Pueblo nombró a familiares de al menos nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporación que lo ternó. Como consecuencia directa de la derrota, el presidente Petro solicitó la renuncia de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde); de las TIC, Julián Molina (Partido de la U); y de Comercio, Diana Morales (Partido Liberal), cuyas bancadas no habrían respaldado de forma unánime a la candidata del Gobierno. Este remezón ministerial, el sexto en tres años de mandato, evidencia la fragilidad de la coalición y anticipa un último año de gobierno con mayores dificultades de gobernabilidad.