El proceso estuvo marcado por la incertidumbre, ya que inicialmente el magistrado ponente, Alfonso Campo, había radicado una ponencia negativa argumentando que la ley prohíbe la escisión de partidos que enfrenten procesos sancionatorios.

Sin embargo, Campo cambió su postura a último momento, permitiendo la aprobación condicionada.

La decisión se tomó para acatar un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba al CNE pronunciarse de fondo sobre la solicitud, radicada desde enero de 2025. Aunque la aprobación es vista como un triunfo para el sector progresista, la condición impuesta mantiene en vilo la plena operatividad del nuevo partido, ya que su futuro depende de la celeridad con que se resuelvan los procesos contra el MAIS, relacionados con irregularidades en gastos de campaña de 2023.