La designación de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud ha desatado una fuerte controversia por presuntas irregularidades en su hoja de vida académica, que culminó con la confirmación de que obtuvo su título de contadora pública sin haber presentado las pruebas de Estado Saber Pro, un requisito legal indispensable en Colombia. La denuncia fue liderada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien reveló que Guerrero no aparecía en los registros del ICFES para las pruebas Saber Pro, necesarias para un título profesional, ni para las Saber TyT, requeridas para títulos técnicos o tecnológicos. Posteriormente, la Fundación Universitaria San José, alma máter de Guerrero, confirmó a W Radio que la funcionaria se graduó en junio de 2025 sin haber presentado el examen, atribuyendo el hecho a un “error” de la Secretaría General y anunciando una junta extraordinaria para revisar el caso. Por su parte, el ICFES emitió un comunicado en el que aclaró que la información difundida por Pedraza no era oficial y anunció una investigación interna por un posible “hackeo, alteración o manipulación” de sus sistemas. Ante la polémica, Guerrero anunció acciones legales contra la representante Pedraza por presunta calumnia y violación de datos, defendiendo la validez de su proceso académico.
Sin embargo, Pedraza ratificó sus denuncias y anunció que presentará una denuncia penal por falsedad en documento público, afirmando: “Lo que hizo es un delito”.
El escándalo pone en tela de juicio los procesos de verificación de requisitos para altos cargos en el gobierno y ha generado un debate sobre la meritocracia y la transparencia en los nombramientos.
En resumenLa confirmación de que la viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, se graduó sin cumplir con el requisito legal de las pruebas Saber Pro ha generado una crisis de credibilidad, derivando en anuncios de acciones legales cruzadas y cuestionamientos sobre los controles del Gobierno para nombrar altos funcionarios.