La elección de Quiroz no estuvo exenta de controversia. Aunque acuerdos previos señalaban que la presidencia correspondía al magistrado liberal Altus Baquero, este se ausentó de la votación junto a las magistradas del Pacto Histórico, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, al no contar con los votos necesarios. La elección anticipada, impulsada por Prada, fue interpretada como una maniobra para evitar que la presidencia recayera en un magistrado cercano al petrismo. El nuevo presidente enfrentará una agenda de alto impacto que incluye decisiones trascendentales para la coalición de gobierno. Entre los temas clave se encuentra la ponencia que propone negar la personería jurídica al partido Progresistas, fundamental para la fusión de las colectividades que integran el Pacto Histórico en un partido único. Además, el CNE deberá discutir una ponencia que recomienda sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por presuntas irregularidades en su financiación. La postura de Quiroz, quien según los informes hace parte de los cinco magistrados que apoyan las sanciones, será determinante en el rumbo de estas decisiones que afectarán directamente al oficialismo y al panorama partidista de cara a las elecciones de 2026.