Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), explicó que este “pago transitorio” busca garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión.

La medida, que costará aproximadamente 1,35 billones de pesos solo en lo que resta del año, se extenderá hasta 2026 como parte de la transición al nuevo sistema. El Gobierno ha indicado que los recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó la reforma, afirmando que Petro “odia a los niños y a la juventud” al volver a un sistema de reparto. En contraste, el presidente ha defendido la medida como una forma de redistribución de la riqueza y ha exigido a los fondos privados de pensiones que inviertan en Colombia el ahorro de los trabajadores.