Su candidatura, sin embargo, está rodeada de controversias por presunto clientelismo, incluyendo la entrega de puestos y contratos a familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo ternaron. Por otro lado, la jurista María Patricia Balanta, con más de 45 años en la rama judicial, ha recibido el respaldo del Gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, lo que ha llevado a la oposición a calificarla como la “candidata de Petro”.

Balanta ha negado estas acusaciones, afirmando: “Yo no soy petrista. Yo no pertenezco al gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido político”.

A esto se suma una denuncia por presunto acoso laboral en su contra.

El presidente Petro avivó la polarización al afirmar que la elección “definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República.

No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”. En respuesta, líderes como Germán Vargas Lleras han advertido sobre el riesgo de que el Gobierno obtenga una mayoría en la Corte. Ante el ambiente de “mucha presión”, el presidente del Senado, Lidio García, anunció medidas especiales para garantizar la transparencia, como el uso de cubículos y la prohibición del ingreso de asesores al recinto. La votación se perfila como un “voto finish”, con cálculos que muestran un empate técnico, lo que hace decisiva la participación de senadores sancionados por sus partidos, como los de Cambio Radical y AICO.