El nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes ha desatado una fuerte controversia política y pública, centrada en si cumple con los requisitos de formación y experiencia para el cargo. La polémica escaló tras correcciones en su hoja de vida y las denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien asegura que la funcionaria no acredita la experiencia exigida por ley. Inicialmente, la hoja de vida de Guerrero, publicada en el portal de la Presidencia, solo registraba estudios técnicos y tecnológicos. Posteriormente, el documento fue actualizado para incluir 10 semestres de Contaduría Pública, un cambio que Guerrero atribuyó a un "error humano". Sin embargo, la representante Pedraza sostiene que, incluso con el título profesional, la funcionaria no cumple con los dos años de experiencia relacionada que exige el manual de funciones del Ministerio de Igualdad y Equidad. Pedraza afirmó que la entonces subdirectora de Talento Humano del ministerio se negó a aprobar el ingreso de Guerrero precisamente por este incumplimiento. La congresista radicó un derecho de petición para verificar los estudios y la tarjeta profesional de la viceministra, declarando que "no es clasista exigir que los funcionarios tengan los títulos y la experiencia que exige la ley". Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal denunció que los viajes de Guerrero como funcionaria le costaron a la Nación 120 millones de pesos.
El presidente Gustavo Petro ha defendido a Guerrero, atribuyendo las críticas a prejuicios de clase y raciales.
No obstante, Pedraza replicó que el cargo es crucial para enfrentar fenómenos como el reclutamiento de menores, por lo que se necesitan "funcionarios con preparación real".
En resumenLa designación de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud está en el centro de una polémica por el presunto incumplimiento de los requisitos de experiencia. Mientras la oposición, liderada por la representante Jennifer Pedraza, exige rigurosidad y denuncia irregularidades, el presidente Petro defiende el nombramiento, en un debate que cuestiona la meritocracia en el servicio público.