Sin embargo, seguirá enfrentando cargos por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, delitos que ya aceptó mediante un preacuerdo.

Durante su gestión, López habría direccionado contratos para la atención de emergencias, beneficiando a contratistas y congresistas a cambio de apoyo para las reformas del Gobierno. El abogado de López, José Luis Moreno, celebró la decisión como un "paso histórico en la lucha contra la corrupción", destacando que su cliente entregó 21 declaraciones, una matriz con 27 nombres y devolvió 724 millones de pesos. La colaboración de López, junto a la del exsubdirector Sneyder Pinilla, ha permitido abrir 27 líneas de investigación. Pinilla también ha rendido declaraciones juradas ante la Corte Suprema de Justicia, implicando a cinco congresistas de la Comisión de Hacienda en el presunto direccionamiento de contratos a cambio de favores políticos. Por su parte, el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, señalado en el caso, se encuentra prófugo y con asilo en Nicaragua, mientras la Procuraduría investiga si hubo colaboración de la Cancillería en su salida del país.